El proyecto de ley sobre el impuesto a la riqueza planteado por el oficialismo habla de un tributo a los bienes personales declarados a partir de los $200 millones. Arrancaría con una alícuota de 2% que se incrementaría de a 0,50 por ciento en algún tramo de la escala. El máximo a pagar sería de 3,5% para quienes tienen un patrimonio superior a $ 3000 millones (en principio, la intención es que el impuesto sea progresivo, donde paguen más aquellos que tienen un patrimonio mayor). Existirán diferentes categorías según el patrimonio: entre 3 y 5 millones de dólares; entre US$ 5 y 10 millones; de US$ 10 a 50 millones; desde US$ 50 hasta 100 millones y el último tramo que llegará hasta los US$ 500 millones). Se aplicaría sobre las personas según sus declaraciones juradas al 31 de diciembre del 2019.
El universo real de personas que deberían pagarlo sería cercano a las 11.300 (aunque podrían pagarlo como mínimo unas 11.000 y como máximo unas 12.000), calculado sobre una población de 44.49 millones, representa un total del 0.000025% del total de la población. La cuenta final arrojaría una recaudación de entre $250.000 millones y $300.000 millones, unos USD 3500 y USD 4000 millones de dólares, el equivalente a la ampliación presupuestaria de la jefatura de gabinete para atender los problemas generados por la pandemia. Esos fondos irían exclusivamente a atender cuestiones sanitarias y sociales vinculadas con el COVID-19.
Creemos correcta la aplicación de este impuesto siempre y cuando sea algo transitorio y que se aplique solo con motivo de la emergencia de salud pública, una vez que la pandemia y la situación económica vuelva a los parámetros “normales” (previos al aislamiento social, preventivo y obligatorio) o la crisis sanitaria esté significativamente bajo control, el impuesto debe dejar de cobrarse. Esta situación excepcional no debe conllevar una excusa para empezar a cobrar este tributo perpetuamente, como sucedió con el impuesto a las ganancias.
Por otro lado, en un momento tan sensible y sin precedentes como es el actual, no se le puede pedir ayuda o esfuerzo a aquellos que no pueden, a los sectores más vulnerables o a aquellos desempleados, monotributistas o autónomos que no estan facturando o se les redujo significativamente sus ingresos. Es momento que aquellos sectores del país que más tienen, ayuden en este marco de la pandemia. Tengamos en cuenta que la implementación del impuesto alcanzaría solamente a 11.300 personas del total de la población del país, donde no se está pidiendo un esfuerzo que no podrían realizar, ni un aporte que implicaría que pierdan su estilo de vida.
Desde el razonamiento moral se puede discutir si el Estado debería intervenir y cobrar impuestos a las personas y si corresponde cobrar un impuesto sobre el patrimonio que lograste construir de forma independiente, pero en un contexto como el actual, el rol del Estado es fundamental. Y lo importante en estos momentos es lograr recaudar lo necesario para que el Estado pueda ayudar a aquellos que de verdad la están pasando mal.
Como jóvenes nos surgen las siguientes preguntas con respecto a la aplicación de este impuesto: ¿Argentina, de acuerdo a sus posibilidades económicas, necesita cobrar este impuesto? ¿Tiene alguna otra opción? ¿Cuáles son esas opciones? ¿Cuándo ya no haya pandemia y no sea necesario el impuesto, se va a sacar? O será de esos impuestos, que como nos tienen acostumbrados, quedarán indefinidamente.
Interesante reflexión!
ResponderBorrarEn este proyecto se ve claramente como una vez más, el legislador siente que es un iluminado y puede solucionar los problemas económicos del país, mediante la aplicación de más impuestos.
ResponderBorrarComo se escribe en el informe y se plantea la duda, sobre si será verdaderamente pasajero o creará un acostumbramiento y tendrá prórroga indefinida, la respuesta surge claramente viendo la historia impositiva del país.
Durante más de medio siglo, los distintos gobernantes de La Argentina, aplicaron impuestos para "solucionar emergencias", y pasado el tiempo, se continúan con los mismos problemas o al contrario se acrecientan.
Todos somos iguales ante la Ley, por ende, el alcance a un número "reducido" de personas, bajo ningún punto de vista es aceptable.
Que significa reducido? Quien mensura un número?
Cuando hablamos de aquellos que la pasan mal, nos referimos a su situación patrimonial, económica, de salud, intelectual, etc., o estamos hablando de la población a la cual el Estado no le brinda la igualdad de oportunidades a la que está obligado a velar?
Podríamos seguir dando ejemplos en la historia de nuestro país sobre como se avasallan los derechos de las personas por parte del estado.
Argentina necesita producir y para producir se necesitan inversiones y estas, considerando el mundo actual, se harán solo cuando se transmita confianza como país. En los últimos varios decenios, las inversiones que se hicieron fueron especulativas y apañadas por los gobiernos de turno.
El día que prime la Constitución y el Estado se dedique solo a lo que no pueden hacer los privados, empezaremos a transitar el primero de los pasos para salir del deterioro, la inflación (impuesto a los que menos tienen) y el retraso en general.